“Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia.”
Derek C. Bok, ex rector de la Universidad de Harvard
La educación nos acompaña toda la vida, es fuente de libertad, es capacidad de elegir, es generadora de oportunidades, nos permite ser protagonistas y no simples espectadores de la realidad.
En nuestro país el derecho de enseñar y aprender se encuentra consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19. Asimismo, el artículo 3° de la Ley de Educación Nacional (26.206), establece que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
En el siglo XX se incrementó la relación entre educación y desarrollo, poniéndose de acuerdo distintos autores en la existencia de una relación causal de la educación con el desarrollo económico y social de un país. Está comprobado que la inversión en capital humano es una de las más rentables que una sociedad puede hacer, existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. Así, las erogaciones en educación ya no son consideradas como un gasto, sino como una inversión estratégica en lo económico y prioritaria en lo social.
La educación es necesaria porque nos permite alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico. Nos permite nivelar las desigualdades económicas y sociales, propiciar la movilidad social, acceder a mejores niveles de empleo, ampliar las oportunidades de la población, impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
Para ello es necesario contar con una política de estado en materia educativa, que trascienda posturas partidarias, y cuente con fuertes compromisos financieros y políticos, con acuerdos de largo plazo, con definiciones claras de las obligaciones que corresponden al gobierno nacional y a las provincias. Es necesario también cumplir con las leyes existentes: la Ley 26.075 vigente desde 2006 que establece que el presupuesto para educación no debe ser menor al 6% del PBI, que las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa, con la ley 27.045 que determina que la educación será obligatoria desde los 4 años hasta completar la secundaria. De acuerdo con datos del Censo 2022, publicados en diciembre de 2023: “la asistencia actual de la población al sistema educativo estaría muy cerca de alcanzar la educación primaria universal entre los niños y niñas de entre 4 y 14 años. Pero el porcentaje de asistencia disminuye en la educación secundaria entre los adolescentes de entre 15 y 17 años, y de manera más acentuada entre los jóvenes de entre 18 y 24 años”.
Asimismo es imprescindible que la cantidad de años de escolarización tenga correlación con la calidad educativa que reciben los alumnos y que se cumplan la cantidad de días de clases establecidos, el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó la resolución que fija el calendario escolar para el ciclo lectivo 2024 que tendrá al menos 190 días de clase efectivos en las 24 jurisdicciones educativas y que crea una comisión de seguimiento para el cumplimiento de esa medida.
Sin embargo, actualmente estas ideas y principios normativos parecen no tener un correlato en los hechos. La política educativa argentina lejos está de ser una prioridad para el gobierno de Javier Milei. Es central para el progreso de nuestro país respetar las normas existentes y trabajar para afianzar el valor de la educación en pos de que todos los argentinos tengan acceso a una educación de calidad, sin distinción de condición social ni lugar de residencia, y así lograr que cada uno pueda elegir su futuro.
En lo relativo a financiamiento, a los reclamos realizados por las universidades durante el presente año se suma la suspensión del porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional (artículo 27 del proyecto de Presupuesto 2025).
A casi dos décadas de la sanción de la Ley de Educación Nacional que establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación no debe ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), observamos que fue cumplido únicamente en el ejercicio de 2015, y que no será cumplido en 2025: el proyecto de ley del Presupuesto establece que la inversión en Educación será del 0,88% del PBI, el valor más bajo desde 2015. La inversión en educación para el próximo año es también menor a la de 2024, la cual destinó el 0,91%, y de 2023, con el 1,48%. Entre 2023 y 2024 la caída fue de 0.57 puntos porcentuales.
Según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, la inversión nacional en educación cayó un 40,2% si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional. Si, en cambio, se miran solo los fondos de la Secretaría (ex Ministerio) de Educación de la Nación, la caída este año fue del 43% medida en términos reales, Sin dudas, la educación está sufriendo uno de los ajustes más grandes de los últimos años.
Por otro lado, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar «gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales». El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita casi el doble -$7,2 billones- ya que sostiene que los cálculos del Gobierno no contemplan el incremento salarial de los trabajadores universitarios.
La política educativa no debe sufrir las consecuencias de los desequilibrios económicos. Reducir el presupuesto en este ámbito es un error de prioridades en la gestión de la crisis y esto tiene que ser revisado, porque sin educación no hay desarrollo ni igualdad de oportunidades.
La educación es la mejor inversión que podemos hacer: tenemos el desafío de volver a transformarla en la fuente de crecimiento de la Nación. Sarmiento en su obra Educación Popular, publicado en 1849, enfatiza que “el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean”.
La construcción de un sistema educativo de calidad tiene que ser central para el desarrollo de nuestro país. En particular, la calidad educativa tiene impactos positivos sobre el crecimiento económico. Los docentes y las escuelas deben ser el centro más prestigioso de la sociedad. Es fundamental garantizar que todos los docentes cuenten con los conocimientos, las capacidades y las actitudes fundamentales para garantizar los aprendizajes prioritarios y la inclusión de todos los estudiantes. Los docentes son protagonistas, desempeñan una función esencial a la hora de forjar el futuro.
La educación no debe tener una función meramente academicista, es imprescindible asociarla a las necesidades productivas de nuestro país, teniendo en cuenta las particularidades de cada región o provincia. Tenemos que incluir a nuestro sistema educativo en el siglo XXI, implementando el aprendizaje de idiomas, de tecnologías y mejores planes de estudio. Las nociones que reciban todos los integrantes del sistema educativo deben ser amplias, deben posibilitar que todos puedan razonar, analizar, resolver situaciones problemáticas, formar un pensamiento crítico, desarrollar la creatividad, en un contexto en el cuál las nuevas tecnologías tienen un rol importante como herramientas de trabajo.
Hoy más que nunca, invertir en educación, de forma adecuada y oportuna, debería ser parte fundamental de la estrategia de mejora, fortalecimiento, innovación y puesta en valor de nuestro sistema educativo. Un proyecto de Nación cimentado en políticas educativas es clave en la creación de capital humano, en la ruptura del ciclo de la pobreza, en la promoción de la productividad económica y en la eliminación de las desigualdades sociales.
La discusión del Presupuesto 2025 se está llevando a cabo en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados1. Esperamos que del debate surjan las modificaciones que otorguen a la educación la importancia y el financiamiento que amerita, porque los problemas de la Argentina se resuelven con educación, porque no hay desarrollo económico, ni humano, ni social, sin educación.
1 Una vez completado el trámite en comisión en la HCDN, la iniciativa será discutida en el marco de una sesión donde requiere de mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- para ser aprobada. De obtener la media sanción, el proyecto es girado al Senado, donde deberá obtener el despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda, con la firma de la mitad más uno de sus miembros -en este caso 9-. Tras obtener dictamen, el texto puede ser tratado en sesión y aprobado también por la mayoría simple. Si el Senado incorpora nuevas modificaciones, el proyecto debe volver a Diputados y repetir el mismo trámite. De lo contrario, el proyecto se convierte en Ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación.
