El 5 de diciembre pasado, durante la cumbre de líderes del MERCOSUR, los presidentes de los países del bloque y la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunciaron la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre las dos regiones.
En rigor, el mismo anuncio y la misma foto ya habían sucedido en 2019. En esa ocasión, la UE decidió suspender su proceso ratificatorio y solicitar la incorporación de nuevas demandas ambientales, aprovechando el negacionismo del Presidente Bolsonaro sobre la cuestión climática. La renegociación llevó cinco años y culminó en este nuevo “acuerdo de principio”, que incorpora las salvaguardas que solicitó la UE y otras (especialmente, compras gubernamentales) que solicitó a cambio MERCOSUR. En definitiva, retomamos allí donde dejamos en 2019, sólo que con nuevas demandas (mayormente europeas).
¿Por qué ahora? La respuesta corta es por el oportunismo de von der Leyen. La UE es la que marca los tiempos: el acuerdo se frenó porque Europa quiso, y se acelera ahora por las mismas razones. Como dice Julieta Zelicovich, la ventana de oportunidad que von der Leyen busca aprovechar está dada por tres procesos convergentes: la elección de Trump, que convence a la UE de la necesidad de avanzar en su “autonomía estratégica”; la preocupación por la pérdida de competitividad europea (un tema que abordamos en nuestro análisis del informe Draghi); y la debilidad de Macron, el gran opositor al acuerdo, jaqueado por el avance de los extremos y el colapso de su Primer Ministro.
Aun así, la conclusión del proceso de renegociación es una buena noticia para ambas partes. Para la UE, el acuerdo facilitará acceso en tres sectores clave: 1) mercado para las automotrices no radicadas en MERCOSUR (la Asociación Alemana de la Industria Automotriz había manifestado los días previos que cerrar el acuerdo era de “vital importancia”); 2) minerales críticos para su transición energética (ahora que la guerra comercial con China se intensifica); 3) gas natural (que se volvió muy caro para Europa luego de la invasión rusa a Ucrania). Resulta obvio por qué Alemania (país natal de Von der Leyen) es el principal propulsor del acuerdo.
Para MERCOSUR significa acceder a un mercado de 450 millones de personas con un PIB per cápita de unos USD 35.000. Asimismo, la evidencia muestra que los países en vías de desarrollo que firman tratados de libre comercio con la UE multiplican x4 la IED proveniente de dicho bloque en un período de 10 años. Para una región tan cerrada y con tanta necesidad de inversión, es un hecho positivo. Igualmente importante, el acuerdo le da a MERCOSUR una agenda hacia adelante. El bloque viene sufriendo la falta de dinamismo. En los últimos años han crecido las acciones unilaterales, la falta de coordinación (la pandemia fue un ejemplo trágico de ello), y la frustración de muchos de sus miembros ante la falta de resultados. Los acuerdos vigentes cubren apenas el 10% del PIB global, el comercio intra-bloque está estancado. La agenda comercial externa del MERCOSUR puede ser un dinamizador: un incentivo para trabajar de manera más articulada en otras agendas, animarse a buscar nuevos acuerdos e iniciar el proceso de modernización normativa y regulatoria para hacer realidad las oportunidades que la UE ofrece.
La conclusión del proceso de renegociación es, entonces, un paso en la dirección correcta. Pero que hay que tomar con cautela. Por tres razones.
Primero, porque las dificultades para su entrada en vigor son las de antes, sino mayores. Al “acuerdo en principio” alcanzado la semana pasada le seguirá el proceso de “depuración legal” (legal scrubbing) y la traducción a todos los idiomas oficiales. Luego de eso será enviado al Consejo y al Parlamento europeo para su aprobación. Recordemos que con esto alcanza para que la “pata comercial” del acuerdo entre en vigor (con los países del MERCOSUR que hayan logrado aprobación parlamentaria). La pata política y de cooperación, que incluye previsiones sobre inversiones e importantes recursos para la adecuación normativa y regulatoria, deberá ser ratificada además por los parlamentos de todos los países de la UE. Algo virtualmente imposible.
El Consejo Europeo, conformado por los 27 Jefes de Estado de los países miembro, el Presidente del cuerpo y la presidenta de la Comisión, puede bloquear el proceso con la oposición de al menos cuatro países que representen un 35% de la población. Francia seguirá siendo el principal escollo. Los trascendidos señalan que Macron se comunicó con von der Leyen para ratificarle que el acuerdo era inaceptable en su forma actual. Y el Eliseo señaló que Francia va a continuar defendiendo su soberanía agrícola. Austria, Polonia y Países Bajos son otros probables opositores. Los cuatro representan alrededor del 30% de la población europea.
En todo caso, es incierto cuál será el balance de fuerzas cuando llegue el momento de votar. El mayor interrogante es cómo Europa gestionará el malestar de su sector agrícola. Más allá de la oportunidad circunstancial que otorga la implosión del gobierno francés, Europa sufrió hace menos de un año una ola de protestas agrícolas que condujo a mayores concesiones para el sector y a ganancias políticas para la extrema derecha, tanto en elecciones nacionales como al parlamento europeo. Inclusive, no es claro cómo quedará conformado el nuevo gobierno alemán, gran promotor del acuerdo pero también epicentro de protestas de agricultores, luego de las elecciones de febrero próximo convocadas por el debilitado Canciller Scholz.
Von der Leyen es consciente de lo sensible del tema, y por eso en su primera declaración luego del anuncio dijo que “Escuchamos las preocupaciones de nuestros agricultores y actuamos en consecuencia. Este acuerdo incluye salvaguardas robustas para proteger su forma de vida. UE-MERCOSUR es el mayor acuerdo de la historia en relación a la protección de alimentos y bebidas de la UE. Más de 350 productos de la UE están ahora protegidos por indicaciones geográficas. Y además los estándares relativos a la salud y a los alimentos se mantienen sin cambios. Los exportadores del MERCOSUR deberán cumplir de manera estricta con estos estándares para acceder al mercado de la UE” (traducción propia).
El comunicado de prensa que acompaña esta declaración también pone de manifiesto la centralidad de la cuestión climática. Para la UE, el acuerdo constituye “un compromiso mejorado con la sustentabilidad” que hará del acuerdo de París un elemento esencial de la relación entre los bloques. Además, menciona que contiene elementos concretos para frenar la deforestación, proteger derechos laborales y garantizar que la sociedad civil tenga un rol en asegurar que los derechos humanos y las preocupaciones ambientales sean respetadas.
Es aquí donde las posiciones públicas del Milei pueden jugar en contra del avance del proceso. Los sectores contrarios al acuerdo usarán el negacionismo climático del Presidente argentino como excusa para rechazarlo, de la misma forma que el negacionismo de Bolsonaro paralizó la ratificación en 2019.
Por otro lado, los dichos de Milei durante la cumbre de líderes, en la que Argentina asumió la presidencia pro-tempore del bloque, también son un obstáculo. Milei se encargó de dejar en claro que considera al MERCOSUR un “corsé asfixiante” y que buscará que el bloque dé a sus miembros flexibilidad para negociar acuerdos bilaterales. Los reclamos no son nuevos. Y en un punto son razonables. Pero hacerlos justo en ocasión del anuncio del acuerdo con la UE es una muy mala señal para lo que viene, que es convencer al Consejo y al Parlamento Europeo de que ratifiquen rápidamente. Muchos podrán preguntarse, a modo de nueva excusa: ¿por qué no esperar y negociar individualmente, suavizando de esa manera el impacto que un acuerdo conjunto tendrá sobre el sector agrícola europeo? ¿Vamos a avanzar mientras hay una presidencia pro-témpore que buscará explícitamente debilitar al bloque?
Hay dos motivos extra para ser prudente, además de la dificultad del proceso de ratificación. El primero es que las concesiones comerciales no son dramáticas. Esto, en el fondo, es la razón por la cual la negociación fue de hecho posible. MERCOSUR tiene un horizonte más largo que la UE para bajar aranceles, y sobre una proporción menor de productos. Pero muchos productos agropecuarios (carne, pollo, maíz, azúcar y otros) mantienen cuotas que representan menos del 2% de la producción local europea. No es precisamente un game changer para nuestro sector agroalimentario.
El segundo es que, aún si se da una rápida ratificación por parte de la UE, hay una serie de requisitos ambientales que se mantienen y que actúan como barreras para-arancelarias. El Pacto Verde Europeo se aplica a todos, inclusive a aquellos países o regiones con los que la UE tiene acuerdos. El Pacto incluye herramientas como el Reglamento de Deforestación, que obligará a demostrar que los productos que ingresen a la Unión vienen de zonas libres de deforestación, y el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, que actuará como un impuesto a aquellos productos que no sean “carbono neutral” o que no hayan compensado sus emisiones netas. Si no hay cambios, empezarán a entrar en vigencia para ciertos productos a partir del año 2026.
En definitiva: el acuerdo es positivo, pero hay que ser prudentes. La ratificación será un proceso lento y tortuoso, lleno de intentos de veto. Si se logran sortear, dará beneficios tangibles, pero acotados (especialmente desde el punto de vista comercial). Y en el marco de mayores exigencias ambientales, por dentro y por fuera del acuerdo mismo. Ello explica la relativa indiferencia con que fue recibido por MERCOSUR, en especial por el gobierno argentino. Al momento de escribir estas líneas, no se registra ninguna manifestación pública de apoyo al acuerdo por parte de la Oficina del Presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Economía. Como dijo Milei en una de sus intervenciones en Montevideo: “el acuerdo que hoy festejamos dista de ser una realidad”.
